SAN SALVADOR — Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 6,426 denuncias hechas por víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador, una medida que forma parte de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes cometidos en el país centroamericano.
Según estas organizaciones, las denuncias recibidas incluyen la comisión de presuntos delitos como detenciones arbitrarias, allanamiento a morada, tratos crueles o inhumanos, amenazas, desaparición forzada y hostigamiento; en algunos casos se podría haber cometido más de un delito en contra de una sola víctima, según lo que han logrado documentar.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.
En un resumen del informe final, se detalla también “otros casos graves como el acoso sexual, abuso sexual y hasta cuatro víctimas de violación y 25 casos de discriminación por orientación e identidad sexual”.
El informe elaborado por las organizaciones Cristosal, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos, la Asociación Azul Originario (AZO), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló haber documentado los 6,426 casos desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.
De acuerdo con las denuncias, la mayoría de las personas vulneradas son jóvenes entre los 19 y 30 años: 52.2% del total de víctimas documentadas por las organizaciones. También reportaron tres casos alarmantes correspondientes a niños entre cero y 12 años de edad.
Asimismo, denunciaron la muerte de 265 personas, cuatro de ellas, eran niños.
Recientemente Human Rights Watch presentó un informe de 114 páginas en el que documentó 66 casos de menores de edad que fueron víctimas de abusos como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
La ONG Socorro Jurídico Humanitario también informó haber documentado que bajo la custodia del Estado han muerto 305 personas adultas y cuatro bebés, hijos de personas privadas de libertad.
Según las organizaciones, en la mayoría de las denuncias, las personas identificadas como autores de estas violaciones de derechos humanos son agentes de la Policía Nacional Civil, responsables del 75% de las víctimas. Les siguen denuncias conjuntas contra los policías y militares.
La AP intentó comunicarse con un vocero de la oficina de Comunicaciones de Casa Presidencial pero no fue posible hacerlo.
Las organizaciones exigen al estado salvadoreño garantizar un proceso justo para las personas detenidas y condiciones adecuadas para personas de la diversidad sexual, mujeres, personas con discapacidades o enfermedades crónicas y que brinde justicia y reparación a las familias de las personas fallecidas y a quienes fueron encarcelados injustamente.
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso el 27 de marzo de 2022 a pedido del presidente Bukele, luego de que en un solo día las pandillas asesinaron a 62 personas en todo el país.
El estado de excepción suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
