CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno de México citó la pandemia del coronavirus para justificar la imposición de nuevas reglas que reducirán el papel de las energías renovables, como la solar y la eólica, otorgándole un respiro a las viejas plantas de combustibles fósiles del Estado.
El decreto emitido el fin de semana ha desatado indignación entre inversionistas locales y extranjeros a los que se les había permitido vender su energía a la red operada por el gobierno.
Asociaciones de la industria indicaron que la medida afectara a 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para entrar en operaciones, y a otros 16 en construcción, con una inversión total de $6,400 millones, en su mayoría de compañías extranjeras.
“Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado emitido el domingo.
El organismo afirmó que se afectarán inversiones por $30,000 millones, y resaltó que “no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.
No es el primer enfrentamiento de este tipo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de la industria petrolera paraestatal y opositor a los proyectos de energías renovables y del sector privado. Desde que asumió el puesto en diciembre de 2018, ha cancelado una licitación planeada para la exploración petrolera privada y forzó a compañías privadas a renegociar contratos de oleoductos.
Las nuevas reglas, publicadas el viernes por la noche, parecen cumplir cada uno de sus objetivos: garantizar el ingreso para el proveedor de energía eléctrica del gobierno; impulsar el consumo de las reservas gubernamentales de combustibles; reducir el papel de los generadores privados de energía, y evitar las interrupciones en el suministro en el viejo e inadecuado sistema de transmisión energética del Estado.
Un punto sorprendente es que el gobierno hiciera referencia a la pandemia del coronavirus — y a los cierres económicos que la acompañan — para justificar la medida.
El gobierno defendió las restricciones, señalando que le permiten “asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia y, debido a que las centrales eléctricas renovables intermitentes producen oscilación en el SEN y provocan interrupciones, requiere que la inyección de energía de estas fuentes sea postergada durante la pandemia”.
Surgieron reportes de que varias compañías involucradas en el sector — muchas de ellas españolas, canadienses o estadounidenses — planean presentar apelaciones ante sus embajadas, los juzgados o paneles de arbitraje. Sin embargo, no se pudo contactar de inmediato a ninguna de estas empresas para confirmar los reportes.
Las costosas tarifas del servicio eléctrico en México han sido un lastre desde hace tiempo para la industria, pero algunas compañías grandes creían que habían encontrado una solución mágica a principios de la década de 2000: Podrían generar energía sustentable a partir de sus propios proyectos renovables, o de aquellos de empresas especializadas, y tener energía más barata y más ecológica.
Pero México ha actuado con lentitud para construir el tipo de infraestructura de transmisión que podría llevar más energía de las zonas costeras o desérticas —donde están los proyectos solares y eólicos— a las ciudades industriales que las necesitan. El país también se ha tardado en construir plantas suplementarias para las épocas en que la energía solar o eólica se reduce de forma natural.
Pero la situación realmente alcanzó niveles críticos cuando la pandemia provocó un marcado desplome en la demanda energética por el cierre de las fábricas. La Comisión Federal de Electricidad — que opera principalmente plantas impulsadas por gas natural o combustóleo — registró simultáneamente un descenso en sus ingresos, mientras que las reservas de combustibles fósiles aumentaban debido a la menor demanda mundial y a la sobreproducción.
Literalmente, no había dónde poner el combustóleo si las plantas del Estado no lo consumían, y tampoco había dinero para subsidiar las plantas eléctricas fuera de uso. En tanto, los problemas en los sistemas de transmisión amenazaban con empeorar a medida que se presentaban nuevos proyectos.
“Son torpes en la ejecución, pero no tienen mucho hacia adónde hacerse”, dijo Eduardo Prud’homme, socio de la compañía de consultoría y análisis energético Gadex. “Ciertamente hay una tendencia ideológica y una ejecución y visión muy burda. Pero los problemas operativos son reales”.
Ciertamente hay una tendencia ideológica y una ejecución y visión muy burda. Pero los problemas operativos son reales.
Eduardo Prud’homme, especialista en energía.
Aunque el gobierno de López Obrador negó firmemente que la medida socavaría la confianza de los inversionistas extranjeros, sí representa un fuerte golpe a la promesa de un mercado energético transparente, competitivo y bien regulado.
En lugar de ello, parece colocar a la Comisión Federal de Electricidad — encabezada por Manuel Bartlett, un veterano político de carrera marcado por el escándalo — en posición para explotar los recursos que debía proteger. La Confederación de Cámaras Industriales acusó al gobierno de forzar la aprobación del decreto.
“Esta última medida significa una plena vulneración del Estado de Derecho, al otorgar facultades extra legales a la CFE”, señaló la confederación en un comunicado.
El decreto renovará el escrutinio a la falta de acciones de López Obrador en favor de las energías renovables, a pesar de un ambicioso programa para impulsar la siembra de árboles frutales y maderables.
El mandatario ha insistido en la construcción de una enorme refinería en una época en que los precios del petróleo se han desplomado, y se ha concentrado en apuntalar a la endeudada paraestatal Pemex como parte fundamental de su política económica.
