Expertos legales explican si el plan de Trump de realizar deportaciones masivas con la activación de las Fuerzas Armadas es viable y si es legal.
El presidente electo Donald Trump confirmó por medio de sus redes sociales que podría declarar emergencia nacional y que utilizaría las Fuerzas Armadas para realizar deportaciones masivas.
"Yo veo la histeria y la desesperación en mis familias, en mi iglesia", comentó la pastora Emma Lozano, vicepresidenta de LULAC en el Medio Oeste, quien también expresó su preocupación ante las afirmaciones del presidente electo.
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Por su parte, el gobernador de Illinois JB Pritzker también reaccionó a las declaraciones de Trump.
"La idea de utilizar el Ejército domésticamente en Estados Unidos parece innecesario y, de hecho, podría ser inconstitucional e ilegal", sostuvo el gobernador de Illinois.
Pero, ¿cuán posible es el hecho de que el presidente electo pueda utilizar las Fuerzas Armadas para realizar las deportaciones masivas?
"Esencialmente las Fuerzas Armadas son para lidear con problemas internacionales. No tiene nada que ver con el pueblo civil y, consecuentemente, el acto lo prohíbe. Ahora, eso no significa que él no va a tratar de aplicar la ley, pero legalmente, no se puede usar las Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos civiles", explicó Joseph Malouf, abogado constitucionalista.
De acuerdo con Concilio Americano de Inmigración, la deportación masiva costaría miles de millones de dólares y sería devastador para la economía del país. El concilio detalló que deportar a un millón de personas por año, tendría un costo de 88 mil millones de dólares anuales, sumando a $968 mil millones de dólares en mós de una decada.
"Por eso yo digo no lo van a poder hacer no lo deben de hacer porque la economía va a estar rota completamente", dijo la pastora Lozano.
Ante esta situación y el temor que surge en la comunidad, organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes como ICIRR comienzan a prepararse.
"La educación y la información es poder. Estaremos ayudando a difundir cuáles son nuestros derechos que tenemos independientemente de nuestro estatus migratorio", dijo Artemio Arreola, de ICIRR.
