MIAMI - El gobierno de Venezuela anunció este lunes que se reservará el derecho de tomar acciones legales para "reparar" el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, el cual fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas.
Venezuela "se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal" de EEUU, señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado, en el que tildaron la confiscación de "piratería".
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.
"En una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo", se lee en el comunicado.
El gobierno de Estados Unidos confiscó el avión del gobernante venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Fort Lauderdale, citando violaciones de sanciones y leyes de control de exportaciones.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la aeronave, un Dassault Falcon 900EX de fabricación francesa, llegó a Fort Lauderdale procedente del Aeropuerto Internacional La Isabela, en Santo Domingo.
"Ningún estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho institucional", remarca el comunicado del gobierno de Venezuela, en referencia a las acciones de EEUU.
Por su parte, el fiscal general Merrick B. Garland indicó que la incautación ocurrió porque la aeronave fue "comprada ilegalmente por $13 millones a través de una compañía fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos por Nicolás Maduro y sus compinches".
Según funcionarios estadounidenses, entre fines de 2022 e inicios de 2023 los socios de Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión a una empresa en Florida.
El avión fue exportado desde Estados Unidos a Venezuela, a través del Caribe, en abril de 2023 en una transacción destinada a eludir una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro.
El subsecretario de Comercio para la Aplicación de la Ley en Exportaciones, Matthew S. Axelrod, afirmó que la incautación "manda un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden volar así como así".
El avión había estado en la República Dominicana en los últimos meses.
En la confiscación estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación.
Funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN describieron el avión como el equivalente venezolano al Air Force One y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar "un mensaje a los más altos mandos" del gobierno venezolano. El vehículo aéreo ha sido fotografiado en varias visitas de Estado de Maduro alrededor del mundo.
