Un juez federal le dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos un día adicional para responder preguntas sobre tres vuelos de deportación a El Salvador después de que ordenó el sábado que los aviones regresaran a EEUU.
Un juez federal otorgó al Departamento de Justicia de EEUU un día adicional para responder preguntas sobre tres vuelos de deportación a El Salvador, tras ordenar el sábado el regreso de los aviones a la nación norteamericana.
El gobierno solicitó el miércoles más tiempo para responder las preguntas del juez James Boasberg sobre los vuelos de deportación, calificándolas de "una disputa insignificante sobre la microgestión de la investigación de hechos irrelevantes".
El gobierno también declaró: "Las acciones del tribunal hasta la fecha representan graves usurpaciones de las facultades del presidente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros".
En su presentación, el gobierno indicó que se estaba considerando el privilegio de secreto de Estado, que permite al gobierno proteger información de seguridad nacional en litigios civiles.
"El secretario de Estado ha revelado muchos detalles operativos de los vuelos, incluyendo el número de personas involucradas, muchas de sus identidades, las instalaciones a las que fueron trasladadas, el trato que recibieron y el período de tiempo durante el cual ocurrieron estos eventos", respondió Boasberg.
El intercambio de opiniones se intensificó el miércoles en la Casa Blanca, donde la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó a Boasberg de activista.
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“Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, el presidente tiene este poder, y por eso esta campaña de deportación ha continuado”, indicó. “Y este juez, el juez Boasberg, es un activista demócrata. Fue nombrado por Barack Obama, su esposa ha donado más de $10,000 a los demócratas y ha mostrado constantemente su desprecio por este presidente y sus políticas, y eso es inaceptable”.
Boasberg fue nombrado inicialmente para el cargo por el expresidente George W. Bush y posteriormente ascendido a un tribunal federal de distrito por el expresidente Barack Obama.
La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) arrestó a un hombre de Maryland cuya esposa cree que viajaba en uno de los vuelos a El Salvador. Cuando Telemundo 44 solicitó información, ICE remitió las preguntas a la Casa Blanca o al Departamento de Estado.
Según su abogada, Lucía Curiel, el hombre, a quien Telemundo 44 se refiere como Armando para proteger su identidad y la de su esposa, tenía lo que se conoce como suspensión de deportación, un estatus legal firmado por un juez de inmigración en 2019.
“Es ilegal que el gobierno lo deporte a El Salvador porque el juez determinó que cumplía con los requisitos para la suspensión de deportación, lo que significa que su vida correría peligro si fuera deportado a El Salvador”, detalló Curiel.
Su esposa dijo que Armando trabajaba como soldador y tenía un permiso de trabajo. No ha tenido noticias suyas desde el sábado.
Afirmó que se encuentra en prisión en El Salvador. Aseguró haberlo reconocido en un video y fotos publicados en redes sociales por el presidente del país.
En un documento judicial presentado el lunes, el ICE afirmó que varias de las personas deportadas el fin de semana pasado y trasladadas a El Salvador no tenían antecedentes penales. Pero ICE argumentó que la falta de antecedentes penales no indica que las personas representen una amenaza limitada, argumentando que son "terroristas" sobre los que Estados Unidos carece de un "perfil completo".
