Juez de apelaciones mantiene la multa por fraude de $454 millones impuesta a Trump

NUEVA YORK -- Un juez de apelaciones de Nueva York se negó el miércoles a detener el cobro de la multa por fraude civil de $454 millones impuesta a Donald Trump mientras apela, rechazando la solicitud del expresidente de que se le permita pagar una fianza que cubra solo una fracción de lo que debe.

El juez Anil Singh, del tribunal de apelaciones de nivel medio del estado, dictaminó que Trump debe pagar una fianza que cubra el monto total para detener la ejecución de la sentencia. Singh accedió a algunas de las solicitudes de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos de Nueva York, lo que podría ayudarle a conseguir la fianza necesaria.

Los abogados de Trump dijeron a la corte de apelaciones el miércoles temprano que Trump estaba dispuesto a pagar una fianza de $100 millones, argumentando que la prohibición de préstamos en el veredicto del 16 de febrero le hacía imposible obtener una fianza por el monto total.

Los abogados de Trump plantearon la oferta de bonos más pequeña en documentos judiciales mientras buscaban una orden del tribunal de apelaciones que impidiera a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hacer cumplir la sentencia mientras se desarrolla su apelación. Singh dictaminó que Trump debe publicar el monto total, lo que pausaría la recaudación automáticamente.

En total, el favorito para la presidencia republicana y sus coacusados deben más de $465 millones al Estado. Tienen hasta el 25 de marzo para conseguir una suspensión, un mecanismo legal que suspenda el cobro mientras él apela, o se verán obligados a pagar la multa monetaria o correrán el riesgo de que se les embarguen algunos de sus activos.

“El monto exorbitante y punitivo de la sentencia, junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional de las transacciones crediticias, haría imposible asegurar y pagar una fianza completa”, escribieron en su solicitud los abogados de Trump, Clifford Robert, Alina Habba y Michael Farina.

La oficina de James se opuso al plan de Trump, diciendo que sus abogados casi han admitido que tiene “activos líquidos insuficientes para satisfacer la sentencia”.

"Estas son precisamente las circunstancias para las cuales es necesaria una fianza o depósito completo", escribió el fiscal general adjunto Dennis Fan, diciendo que la oferta de Trump dejaría a la oficina de James y al estado "con déficits sustanciales" si se confirma el veredicto.

"La demandante que prevalece tiene derecho a que se le asegure su indemnización, y los demandados nunca han demostrado que los activos líquidos del señor Trump pudieran satisfacer el monto total de la sentencia", escribió Fan.

James, una demócrata, ha dicho que buscará embargar algunos de los activos de Trump si no puede pagar la sentencia.

El juez Arthur Engoron determinó que Trump, su empresa y altos ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., conspiraron durante años para engañar a bancos y aseguradoras inflando su riqueza en estados financieros utilizados para garantizar préstamos y cerrar acuerdos.

Entre otras sanciones, el juez impuso limitaciones estrictas a la capacidad de la empresa de Trump, la Organización Trump, para hacer negocios. La documentación para oficializar la sentencia se presentó el 23 de febrero. Eso inició un período de 30 días para que Trump pagara o presentara una apelación y solicitara una suspensión.

También el miércoles, se encontró polvo blanco en un sobre dirigido a Engoron en su juzgado de Manhattan. Las autoridades dijeron que las pruebas preliminares mostraron que el resultado fue negativo para sustancias peligrosas y no se reportaron heridos.

En enero, horas antes de los alegatos finales del caso, las autoridades también respondieron a una amenaza de bomba en la casa del juez. Las cámaras de Engoron han informado de cientos de llamadas, correos electrónicos, cartas y paquetes de acoso y amenazas desde el inicio del juicio de Trump en octubre.

Trump presentó su apelación el lunes. Sus abogados están pidiendo a la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado que decida si Engoron “cometió errores de derecho y/o de hecho” y si abusó de su discreción o “actuó en exceso” de su jurisdicción.

Trump no estaba obligado a pagar su multa ni a pagar una fianza para poder apelar, y presentar la apelación no detuvo automáticamente la ejecución de la sentencia.

Trump recibiría una suspensión automática si aportara dinero, activos o una fianza de apelación que cubra lo que debe. También tenía la opción, que ahora ejerce, de solicitar al tribunal de apelaciones que le conceda un aplazamiento con fianza por un monto menor.

Los abogados de Trump argumentaron que los vastos activos inmobiliarios de Trump y la supervisión exigida por el fallo de Engoron, incluida la supervisión de su empresa por parte de un monitor independiente, "serían por sí solos suficientes para asegurar adecuadamente cualquier sentencia confirmada".

El bono de $100 millones, dijeron, “simplemente serviría como garantía adicional”.

Trump sostiene que vale varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de $400 millones en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.

En total, Trump tiene al menos $543.4 millones en responsabilidades legales personales derivadas del fallo de Engoron y otras dos sentencias de tribunales civiles en el último año.

En enero, un jurado ordenó a Trump pagar $83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los $5 millones que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.