WILMINGTON, Delaware - El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, llegó el lunes al tribunal para la selección del jurado en un caso federal de armas en su contra tras el fracaso de un acuerdo con los fiscales que habría evitado el espectáculo de un juicio tan cerca de las elecciones de 2024. La primera dama Jill Biden llegó poco después, entrando en el tribunal en apoyo de su hijo.
Hunter Biden, que pasó el fin de semana con sus padres, ha sido acusado en Delaware de tres delitos graves derivados de una compra de armas de fuego en 2018 cuando estaba, según sus memorias, sumido en una adicción al crack. Ha sido acusado de mentir a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud utilizada para examinar a los solicitantes de armas de fuego cuando dijo que no consumía drogas, y de tener ilegalmente el arma durante 11 días.
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Se ha declarado inocente y ha alegado que está siendo injustamente perseguido por el Departamento de Justicia, después de que los republicanos denunciaran que el acuerdo, ya cerrado, suponía un trato especial para el hijo del presidente demócrata.
El juicio se produce pocos días después de que Donald Trump, presunto candidato presidencial de los republicanos para 2024, fuera declarado culpable de 34 delitos graves en Nueva York. Un jurado declaró al expresidente culpable de un plan para encubrir un pago de dinero por silencio a un actor porno para evitar daños a su campaña presidencial de 2016. Los dos casos penales no están relacionados, pero su proximidad subraya cómo los tribunales penales han tomado protagonismo durante la campaña de 2024.
Hunter Biden también se enfrenta a otro juicio en California en septiembre por no pagar $1.4 millones en impuestos. Ambos casos debían haberse resuelto mediante un acuerdo con la fiscalía el pasado mes de julio, culminación de una investigación de un año sobre sus negocios.
Pero la juez Maryellen Noreika, que fue nombrada para el cargo por Trump, cuestionó algunos aspectos inusuales del acuerdo, que incluía una propuesta de declaración de culpabilidad por delitos menores para resolver los delitos fiscales y un acuerdo de desviación en el cargo de armas, lo que significaba que siempre y cuando se mantuviera fuera de problemas durante dos años el caso sería desestimado. Los abogados discutieron sobre el acuerdo, no llegaron a un acuerdo y éste se vino abajo. En agosto, el fiscal general Merrick Garland nombró al principal investigador como abogado especial, y un mes después Hunter Biden fue acusado.
Este juicio no trata de los negocios de Hunter Biden en el extranjero, que los republicanos han aprovechado sin pruebas para tratar de pintar a la familia Biden como corrupta. Pero sacará a la luz algunos de los momentos más oscuros de Hunter Biden.
Los aliados del presidente están preocupados por el efecto que el juicio pueda tener en el mayor de los Biden, que lleva mucho tiempo preocupado por el bienestar y la sobriedad de su único hijo vivo y que ahora debe ver cómo esos dolorosos errores del pasado son escrutados públicamente. También es protector: Hunter Biden estuvo con su padre todo el fin de semana antes de que comenzara el caso, montando en bicicleta con él y asistiendo juntos a la iglesia.
El presidente Biden, en un cambio de planes de última hora, se trasladó de su casa de Rehoboth Beach a su complejo de Wilmington el domingo por la noche. La única vez que se vio públicamente al presidente sin su hijo en todo el fin de semana fue el domingo subiendo a un helicóptero.
Hunter Biden llegó el lunes el primero al tribunal de Delaware. La primera dama, que cumplió 73 años el lunes, le siguió unos 15 minutos más tarde y entró en el tribunal caminando a paso ligero, flanqueada por agentes del Servicio Secreto de EEUU. La hermana de Hunter Biden, Ashley Biden, también estuvo en el tribunal para apoyarle.
A sus aliados también les preocupa que el juicio pueda convertirse en una distracción mientras el presidente trata de hacer campaña con unos números de encuestas anémicos y se prepara para un próximo debate presidencial mientras se desarrolla el proceso.
Los fiscales esperan demostrar que Hunter Biden estaba sumido en la adicción cuando compró el arma y que, por tanto, mintió en los formularios. Han dicho que están planeando utilizar como prueba sus memorias publicadas, y también pueden introducir el contenido de un ordenador portátil que dejó en un taller de reparación de Delaware y nunca recuperó. El contenido llegó a manos de los republicanos en 2020 y se filtró públicamente, revelando fotos embarazosas y personales en las que aparece a menudo desnudo y drogándose y mensajes en los que pregunta a los traficantes por las cuentas.
El juez formulará una serie de preguntas a un grupo de posibles miembros del jurado para determinar si pueden actuar con imparcialidad en el jurado, incluido si han hecho donaciones a campañas políticas o se han presentado a cargos políticos. Preguntará si sus opiniones sobre la campaña presidencial de 2024 les impiden ser imparciales.
También les preguntará si creen que Hunter Biden está siendo procesado porque su padre es el presidente. Además, preguntará sobre la compra de armas de fuego y los problemas de adicción, incluyendo: "¿Cree que alguien que es adicto a las drogas no debería ser acusado de un delito?"
El caso contra Hunter Biden tiene su origen en un periodo en el que, según admitió públicamente, era adicto al crack. Su caída en las drogas y el alcohol se produjo tras la muerte en 2015 de su hermano, Beau Biden, a causa de un cáncer. Compró y poseyó un arma durante 11 días en octubre de 2018 e indicó en el formulario de compra de armas que no consumía drogas.
Hunter Biden se ha declarado inocente en ambos casos, y sus abogados han sugerido que podrían argumentar que no se veía a sí mismo como un adicto cuando los fiscales dicen que marcó "no" a la pregunta en el formulario. También atacarán la credibilidad del dueño de la armería.
Los fiscales, por su parte, también tienen previsto llamar como testigos a la ex mujer de Hunter Biden y a la viuda de su hermano, Hallie, con quien mantuvo una relación sentimental.
De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque a los delincuentes primerizos no se les aplica ni de lejos el máximo y no está claro si el juez le concedería tiempo entre rejas.
