Buscando investigar filtraciones de información clasificada, el Departamento de Justicia de Donald Trump obtuvo en secreto en 2017 y 2018 registros telefónicos y de mensajes de texto de 43 miembros del personal del Congreso y dos congresistas en una investigación mucho más amplia de lo que se sabía, según un nuevo informe del organismo de control interno del departamento.
El informe del inspector general (IG) Michael Horowitz concluyó que el Departamento de Justicia no actuó por motivos políticos, sino que no tuvo suficientemente en cuenta la separación constitucional de poderes al confiscar registros de comunicaciones de funcionarios y legisladores -y convertirlos en objeto de una investigación penal- solo porque tenían acceso legal a secretos de Estado a través de sus puestos de trabajo.
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Los fiscales obtuvieron los registros mediante citaciones y otros procesos legales a terceros proveedores, incluido Apple, y adjuntaron órdenes de mordaza para impedir que las empresas notificaran a los clientes. El hecho de las incautaciones ya se habían reportado anteriormente, pero el inspector general reveló nuevos detalles sobre el amplio alcance de la operación.
Por separado, el informe, que fue publicado el martes, encontró que el Departamento de Justicia violó sus propias políticas en la forma en que obtuvo secretamente registros telefónicos y de texto de reporteros en las mismas investigaciones de filtraciones, que se relacionaban con la investigación del FBI sobre la presunta coordinación de la campaña de Trump con Rusia.
Las incautaciones de registros de periodistas de The New York Times, The Washington Post y CNN ya se habían reportado anteriormente, y el Departamento de Justicia de Biden endureció sus directrices al respecto, que ya se habían actualizado en 2014 y 2015 tras anteriores revelaciones de incautaciones secretas de registros de medios de comunicación.
Aunque el entonces fiscal general, Bill Barr, aprobó personalmente las citaciones de los medios de comunicación en 2020, no se consultó a un comité que se había creado para revisar este tipo de medidas, como exige la política, según el informe. Barr no cooperó con la investigación del IG, añade el informe.
"Nos preocupó que estos fallos se produjeran sólo unos pocos años después de esta revisión", decía el resumen del inspector general.
Los archivos obtenidos incluían registros telefónicos y de mensajes que mostraban quién se comunicaba con quién, pero no el contenido de las comunicaciones.
Dos demócratas de California -el senador Adam Schiff, que fue presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el representante Eric Swalwell, que fue miembro de ese comité, reconocieron previamente haber sido objeto de las incautaciones de registros.
El informe del IG llega cuando el presidente electo Donald Trump se prepara para tomar posesión de su cargo en medio de llamamientos de algunos de sus asesores para saltarse la tradicional separación entre el Departamento de Justicia y el presidente.
Las investigaciones sobre las filtraciones no dieron lugar a cargos penales. Dado el plazo de prescripción de 10 años para algunos de los presuntos delitos, podrían ser reabiertas por la nueva administración.
La persona a la que Trump quiere nombrar director del FBI, Kash Patel, se ha comprometido específicamente a perseguir a los periodistas. Patel fue uno de los miembros del personal del Congreso cuyos archivos fueron incautados en la investigación de las filtraciones, según una demanda que presentó.
La nueva política del Departamento de Justicia que obliga a los funcionarios a notificar a una organización de noticias si deciden citar los registros telefónicos de un periodista, excepto en circunstancias de emergencia, podría ser fácilmente derogada por la nueva administración.
"La decisión del Departamento de buscar los registros de comunicaciones sin contenido de los miembros del Congreso y del personal del Congreso en las investigaciones de filtraciones a los medios de comunicación implicó los derechos constitucionales y las autoridades de una rama co-igual del gobierno", dijo el informe IG, y agregó que "corre el riesgo de enfriar la capacidad del Congreso para llevar a cabo la supervisión de la rama ejecutiva."
El senador demócrata Ron Wyden calificó las revelaciones del informe de "más que inquietantes".
"Como demuestran estos abusos, hay pocas barandillas que impidan que un fiscal solitario o el Fiscal General, el Departamento de Justicia o incluso las fuerzas del orden estatales o locales espíen al Congreso y amenacen nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios", dijo Wyden en un comunicado.
"Es especialmente preocupante que el Departamento de Justicia engañara a un juez para que diera su visto bueno a la vigilancia secreta tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso".
Esta nota fue publicada por Ken Dilanian para NBC News. Para ver la nota original haz clic aquí.
