La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) publicó un informe el miércoles que dice que sus agentes confiscaron 6,678 armas de fuego en los puntos de control de los aeropuertos en 2024.
WASHINGTON DC — La Corte Suprema se pronunció el martes en contra del gobierno mexicano por una demanda que busca responsabilizar a los fabricantes de armas de Estados Unidos por una epidemia de violencia que, según las autoridades mexicanas, puede atribuirse a sus productos.
Durante los alegatos orales, tanto los jueces conservadores como los liberales se mostraron escépticos ante los argumentos esgrimidos por México de que sus demandas podían prosperar a pesar de una ley federal que pretende proteger a las empresas fabricantes de armas de la responsabilidad civil.
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El caso llega a la corte en medio de crecientes tensiones entre los líderes estadounidenses y mexicanos tras la elección del presidente Donald Trump, que ha tratado de frenar el flujo de migrantes que cruzan la frontera entre EEUU y México, citando el tráfico de drogas y la violencia de las pandillas.
Trump ha anunciado nuevos aranceles contra México que entraron en vigor este martes, y su gobierno ha designado a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió recientemente diciendo que su país tomaría medidas enérgicas contra el contrabando de armas desde EEUU.
Los demócratas en Washington han presentado una legislación destinada a reducir el flujo de armas a través de la frontera, que estiman en un total de al menos 200,000 al año.
En la demanda de 2021, el gobierno mexicano acusó a Smith & Wesson, Colt y otras empresas de vender deliberadamente armas a distribuidores que venden productos que a menudo se recuperan posteriormente en escenas de crímenes en México. El gobierno solicita una indemnización de hasta $10,000 millones.
Los distribuidores de armas, según afirman los abogados de México en documentos judiciales, suelen vender las armas de fuego a "compradores testaferros" cuya intención es traficar con las armas a través de la frontera. Las empresas incluso diseñan ciertas armas para atraer a los miembros de los cárteles, incluida una pistola Colt conocida como Súper El Jefe, dicen los abogados.
México ha sufrido como resultado, argumentan los abogados, con docenas de policías y militares muertos o heridos. La demanda incluye reclamaciones por negligencia y alteración del orden público.
El caso en la Corte Suprema involucra a dos compañías, Smith & Wesson e Interstate Arms, y a otros fabricantes, incluidos Glock y Colt, que lograron que se desestimaran las demandas en su contra.
Los jueces se mostraron escépticos el martes de que México haya alegado adecuadamente que las empresas de armas deban ser consideradas responsables de distribuidores específicos que venden armas de fuego al por mayor a "compradores de paja" cuya intención es traficar con las armas a través de la frontera.
"Lo que no tienen son distribuidores concretos, ¿verdad?", dijo la magistrada liberal Elena Kagan a la abogada de México, Cate Stetson, en relación con las alegaciones específicas de la demanda. "¿A quién están ayudando e instigando en esta demanda?", añadió.
Otro juez liberal, Ketanji Brown Jackson, pareció considerar que la demanda era exactamente el tipo de denuncia para la que el Congreso pretendía proporcionar inmunidad.
"Supongo que me pregunto si el propio estatuto de la PLCCA nos está diciendo que no queremos que sean los tribunales los que elaboren remedios que equivalgan a una regulación de esta industria", dijo.
A los jueces tampoco les convencieron las alegaciones de la demanda de que las empresas diseñan ciertas armas que podrían atraer a los miembros del cártel, incluida una pistola Colt conocida como Super El Jefe.
"Todas esas son cosas que no son ilegales de ninguna manera», dijo el presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts, sobre cómo se diseñan las armas de fuego. "Hay algunas personas que quieren la experiencia de disparar un tipo particular de arma porque les parece más agradable que usar una pistola de balines", añadió.
En términos más generales, el juez conservador Brett Kavanaugh dijo que tenía "preocupaciones reales" de que permitir que las demandas por complicidad se presenten contra empresas estadounidenses por acciones ilegales llevadas a cabo por terceros podría tener efectos en cadena en casos relacionados con otros productos, como los fabricantes de automóviles y productos farmacéuticos.
En los documentos judiciales, los abogados de los fabricantes de armas afirman que la ley federal de inmunidad les protege de cualquier responsabilidad derivada del "uso indebido delictivo o ilegal" de un arma de fuego por un tercero.
El equipo legal de México se está centrando en una estrecha excepción al escudo de responsabilidad, que permite que una demanda siga adelante si una empresa ha "violado a sabiendas" una ley de armas y si esa violación fue la causa del daño alegado en una demanda.
La demanda de México no puede cumplir esos requisitos, dicen las empresas, ya que sus argumentos de responsabilidad se basan en la vinculación de una larga cadena de terceros independientes, incluidos los vendedores y traficantes de armas, con los demandados.
Un juez federal había fallado a favor de los fabricantes, pero la corte de apelaciones del primer circuito de EEUU, con sede en Boston, revivió el caso el año pasado, diciendo que el blindaje de responsabilidad no se extendía a las demandas específicas de México.
Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Lawrence Hurley para NBC News.
