WASHINGTON DC — Hace dos años, el candidato Joe Biden denunció enérgicamente al presidente Donald Trump por las políticas de inmigración que infligieron “crueldad y exclusión en todo momento”, incluso hacia quienes huían del gobierno “brutal” del socialista Nicolás Maduro en Venezuela.
Ahora, con cada vez más venezolanos llegando a la frontera entre Estados Unidos y México a medida que se acercan las elecciones del 8 de noviembre, Biden ha recurrido a una fuente poco probable para encontrar una solución: el libro de jugadas de su predecesor.
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El presidente invocó la semana pasada una directriz de la era Trump conocida como Título 42, que el propio Departamento de Justicia de Biden está combatiendo en los tribunales, para negar a los venezolanos que huyen de su país la oportunidad de solicitar asilo en la frontera.
La regla, invocada por primera vez por Trump en 2020, utiliza una emergencia de salud pública para impedir que los migrantes busquen asilo en la frontera, con base en la necesidad de ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.
Según la nueva política de la administración Biden, los venezolanos que crucen caminando o nadando la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados y cualquier venezolano que ingrese ilegalmente a México o Panamá no será elegible para venir a Estados Unidos. Pero hasta 24,000 venezolanos serán aceptados en los aeropuertos de Estados Unidos, de manera similar a como se ha admitido a los ucranianos desde la invasión de Rusia en febrero.
México ha insistido en que Estados Unidos admita a un venezolano por razones humanitarias por cada venezolano que expulse a México, según un funcionario mexicano que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato. Entonces, si la administración Biden recibe a 24,000 venezolanos, México no aceptaría más de 24,000 venezolanos expulsados de Estados Unidos.
La nueva política de Biden ha generado rápidas críticas de los defensores de los inmigrantes, muchos de los cuales se apresuraron a señalar los paralelos de Trump.
“En lugar de restaurar el derecho de asilo diezmado por la administración Trump... la administración Biden ha abrazado peligrosamente los fracasos del pasado y los ha ampliado al permitir explícitamente las expulsiones de migrantes venezolanos”, dijo Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro Juvenil por los Derechos de los Niños Inmigrantes.
La administración dice que la política tiene como objetivo garantizar una forma “legal y ordenada” para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos.
¿POR QUÉ EL GIRO?
Durante más de un año después de asumir el cargo en enero de 2021, Biden se remitió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que utilizaron su autoridad para mantener la declaración de la era Trump de que el riesgo para la salud pública justificaba la expulsión acelerada de los solicitantes de asilo.
Los miembros del mismo partido de Biden y grupos activistas expresaron su escepticismo sobre los fundamentos de salud pública para permitir que el Título 42 siguiera vigente, especialmente cuando el COVID-19 se estaba propagando más dentro de Estados Unidos que en otros lugares.
Después de meses de deliberaciones y preparativos internos, el 1 de abril los CDC dijeron que pondrían fin a la orden de salud pública y volverían al procesamiento fronterizo normal de los migrantes, dándoles la oportunidad de solicitar asilo.
Las autoridades de Seguridad Nacional se prepararon para un aumento resultante en los cruces fronterizos.
Pero los funcionarios dentro y fuera de la Casa Blanca estaban en conflicto sobre el fin de la medida, creyendo que sí mantenía baja la cantidad de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, según altos funcionarios de la administración.
Una orden judicial en mayo que mantuvo el Título 42 en vigor debido a una apelación de los funcionarios estatales republicanos fue recibida con un alivio silencioso por parte de algunos en la administración, según funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.
El reciente aumento de la migración desde Venezuela, provocado por la inestabilidad política, social y económica en el país, desvaneció las esperanzas de los funcionarios de que finalmente estaban viendo una pausa en el caos que había definido la región fronteriza durante el año pasado.
Para agosto, los venezolanos eran la segunda nacionalidad más grande que llegaba a la frontera de estadounidense después de los mexicanos. Dado que las tensiones de Estados Unidos con Venezuela significaban que los migrantes del país no podían ser enviados de regreso fácilmente, la situación se volvió cada vez más difícil de manejar.
Entonces, una administración que había rechazado muchas políticas de la era Trump destinadas a mantener alejados a los inmigrantes, que habían funcionado para facilitar el proceso de asilo y aumentado la cantidad de refugiados permitidos en Estados Unidos, ahora recurría al Título 42.
El gobierno negoció un trato para enviar a los venezolanos a México, que ya había acordado aceptar a los migrantes expulsados bajo el Título 42 si eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.
Mientras tanto, los abogados del Departamento de Justicia siguen apelando una decisión judicial que ha mantenido vigente el Título 42. Se oponen a los fiscales generales republicanos de más de 20 estados que han argumentado que el Título 42 es “la única válvula de seguridad que evita que las ya desastrosas políticas de control fronterizo de esta administración se conviertan en una catástrofe absoluta”.
Según el Título 42, los inmigrantes han sido expulsados más de 2.3 millones de veces de Estados Unidos después de cruzar ilegalmente las fronteras terrestres del país desde Canadá o México, aunque la mayoría intenta pasar por México.
La administración había anunciado que dejaría de expulsar a los inmigrantes bajo el Título 42 a partir del 23 de mayo y volvería a detener y deportar a aquellos que no calificaban para ingresar y permanecer en Estados Unidos, un proceso más largo que permite a los inmigrantes solicitar asilo en el país.
“Estamos extremadamente preocupados por la aparente aceptación, codificación y expansión del uso del Título 42, una orden de salud irrelevante, como piedra angular de la política fronteriza”, dijo Thomas Cartwright de Witness at the Border. “Uno que elimina el derecho legal al asilo”.
Una demanda por separado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también está tratando de terminar con el Título 42, un esfuerzo que podría hacer inútil la propuesta de la administración.
“Las personas tienen derecho a solicitar asilo, sin importar de dónde vienen, cómo llegan a Estados Unidos y si tienen o no familiares aquí”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
