Tres iglesias del sur de California que desean mantener sus puertas abiertas durante el brote de coronavirus demandaron el lunes al gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios argumentando que las órdenes de distanciamiento social violan el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de religión y reunión.
La demanda, presentada en la corte federal para el Distrito Central de California, también nombra al Fiscal General del estado Xavier Becerra y a los funcionarios de los condados de San Bernardino y Riverside.
La demanda busca bloquear la orden de Newsom de permanencia en el hogar por un mes y dos órdenes del condado diseñadas para frenar la propagación de COVID-19, obligando a que la mayoría de las personas se queden en casa, cierre de negocios, excepto aquellos que se consideran esenciales y prohibiendo las reuniones de grupo.
Las órdenes no enumeran los lugares de culto entre la infraestructura crítica donde se permite el contacto cara a cara.
La demanda nombra tres iglesias en los condados de San Bernardino y Riverside, al este de Los Ángeles.
California
Un demandante, James Moffatt, pastor principal de Church Unlimited en Indio, recibió una multa de $1,000 por violar la orden del condado de Riverside al celebrar un servicio del Domingo de Ramos, según la demanda.
Moffatt "cree que las Escrituras le ordenan como pastor que ponga las manos sobre las personas y ore por ellas, esto incluye a los enfermos", dijo la demanda. "Moffatt también cree que las Escrituras le exigen que bautice a las personas, algo que no se puede hacer en un servicio en línea".
También se nombra a un feligrés y el pastor principal de la Iglesia de la Shield of Faith Family en Fontana y el pastor principal de Word of Life Ministries International en Riverside, que generalmente tiene de 20 a 30 asistentes regulares, según la demanda.
Las iglesias argumentan que las órdenes estatales y locales son demasiado amplias y que pueden practicar el distanciamiento social seguro de la misma manera que las tiendas de comestibles y otros puntos de venta que se consideran servicios esenciales y se les permite permanecer abiertos.
"El estado no puede dictar el método de adoración a los fieles", dijo Harmeet K. Dhillon, director ejecutivo del Center for American Liberty, una organización sin fines de lucro de California que presentó la demanda. La demanda argumenta que las órdenes son inconstitucionalmente amplias.
"Si un californiano puede ir a Costco o a la tienda local de marihuana o licorería y comprar productos de una manera responsable y socialmente distanciada, entonces debe poder practicar su fe con las mismas precauciones", dijo en un comunicado. declaración.
Los religiosos de estas iglesias cuestionan el hecho de que algunos negocios estén abiertos, mientras que los templos de adoración deben permanecer cerrados.
“La Biblia dice que deberíamos estar juntos y seguir juntos”, dijo Jesús Aguilera, pastor de la Iglesia Shield of Faith Family. “Tenemos servicios dos veces por semana y las tiendas están todo el tiempo abiertas y van miles y miles. Solo cuando es la iglesia se queja la gente”, dijo Aguilera.
Los pastores aseguran que, de permitírseles congregarse, cumplirían con las normas de higiene, y distanciamiento social.
“Aquí tenemos los guantes, las máscaras para que puedan entrar”, señaló Aguilera.
Medidas de prevención que algunos consideran son suficientes con tal de que a los creyentes les permitan profesar su fe.
“Yo creo que con la distancia requerida sería suficiente para darle la oportunidad a la gente de ir a la iglesia”, dijo Mario Arenas, quien está a favor de que se reabran las Iglesias.
Pero, según otros, los pastores demandantes al intentar desafiar las órdenes, estarían poniendo en riesgo innecesario a sus propios feligreses.
“Yo no creo que está bien que el pastor demande al gobierno. Si quiere lo mejor para la gente, lo mejor para la gente es separarnos en estos momentos”, dijo Guillermo Armenta, quien se oponen a que reabran las Iglesias.
Telemundo 52 contactó a los voceros del condado de San Bernardino y Riverside. Sin embargo, por tratarse de una litigación pendiente dijeron no harán comentarios sobre la demanda.
Mientras tanto, la oficina del gobernador aún no había contestado sobre esta batalla legal.
