QUITO -- El presidente Rafael Correa calificó de "una barbaridad" y "una vergüenza" la aprobación por el parlamento europeo de una normativa para repatriar a inmigrantes indocumentados residentes en los países de la Unión Europea y afirmó que con la medida se busca "criminalizar la migración".

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La decisión europea generó de inmediato duros cuestionamientos por parte de algunos países latinoamericanos.

El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una polémica norma para repatriar inmigrantes que permite, entre otras cosas, que los estados pertenecientes a la Unión Europea pueden detener en centros de internación hasta por 18 meses a los inmigrantes antes de ser expulsados.

El senado de Uruguay criticó la medida y formuló un llamamiento a los gobiernos y parlamentos latinoamericanos a "sumarse a ese rechazo y tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

"La norma es una flagrante incongruencia de la Unión Europea que nutrió de inmigrantes a la América latina" y que se benefició "de la capacidad de trabajo, de la honestidad y del esfuerzo de miles de inmigrantes", declaró la Cámara Alta.

Raúl Vera, embajador paraguayo ante la UE en Bruselas, declaró a la radioemisora 9.70 de Asunción que "estamos ante una decisión con un contenido bárbaro. Las normas contra la migración irregular violan algunos derechos humanos aprobados y suscritos por la comunidad europea", agregó.

"No hay que precipitarse, nosotros no podemos calificar una decisión que adopta un parlamento. Hay que estudiar la medida", aseguró en rueda de prensa en La Paz el vicecanciller de Bolivia, René Fernández .

"Debemos ser respetuosos de la legislación que aprobó la Unión Europea ... veremos las normas que hay que adoptar de acuerdo a nuestros intereses", añadió.

Katia Romero, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados boliviana, dijo que "lamentamos profundamente que Europa haya tomado esta decisión que vulnera los derechos humanos".

Correa fue uno de los primeros mandatarios de Latinoamericana en reaccionar ante tal medida que afectaría a más de tres millones de inmigrantes de ciudadanos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, que integran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, según datos de la cancillería ecuatoriana.

La aprobación del cuerpo legal, denominado "Directiva de retorno", representa "una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces", aseguró Correa en entrevistas a primera hora del miércoles con la radioemisora Sonorama y el Canal Uno de Televisión.

"Esa directiva no es una directiva de retorno sino una directiva de la vergüenza, realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa", afirmó Correa con dureza.

También criticó "el doble discurso, la doble moral de los países desarrollados".

"¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", preguntó.

Correa anticipó que "vamos a iniciar una acción a nivel regional para presentar un frente común, al menos a nivel sudamericano, para protestar frente a esta agresión, frente a este atentado a los derechos humanos".

El mandatario ecuatoriano expresó "nuestra solidaridad después de la barbaridad que ha aprobado la Eurocámara para criminalizar la migración" a los miles de ecuatorianos que viven en Europa, especialmente en España e Italia.

Hasta ahora, ciudadanos de Argentina, Brasil Chile, México, Uruguay y Guatemala, entre otros, no necesitan visa para entrar a Europa, pero a los nacionales de Colombia, Paraguay y Ecuador sí se les exige ese documento.

Julio César Torales, director de la oficina en Paraguay de Amnistía Internacional, dijo que la resolución "es lamentable porque representa un retorno a una conducta primitiva que no refleja, precisamente, la reputación democrática de varios países europeos. Se están violando derechos humanos".

Los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones habían enviado el 9 de junio una comunicación a los máximos dirigentes de la Unión Europea "en la que señalan las consecuencias negativas que la mencionada directiva podría ocasionar" para los migrantes de origen andino.